Cuando se habla de deudas, mucho se menciona la figura de la cobranza extrajudicial. Pero, ¿qué es? ¿Es un método legal o se encuentra fuera de la ley?

En términos simples, la cobranza extrajudicial es una serie de gestiones que puede emprender cualquier institución para reclamar el pago de una deuda. El objetivo es establecer un puente de contacto con el cliente para llegar a un acuerdo y liquidar algún saldo vencido, esto en aras de evitar llevar el caso ante una autoridad y requerir el pago mediante la resolución de un juez.

La cobranza extrajudicial puede ser realizada por la misma institución o a través de terceros. En este caso, la más clara representación se puede ver en los despachos de cobranza, que son contratados por las instituciones para dar seguimiento a las cuentas con saldos vencidos.

De esta forma, es posible decir que la cobranza extrajudicial sí es una actividad permitida, pues es un derecho de los acreedores buscar mecanismos para reclamar el pago de una deuda. Sin embargo, hay una serie de acciones prohibidas al momento de aplicar este método.

La cobranza extrajudicial debe darse apegada a una serie de buenas prácticas. De lo contrario, lo que es permitido se puede convertir en una cobranza extrajudicial ilegal que puede ser sancionada hasta con cárcel.

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 ¿Qué es la cobranza extrajudicial ilegal?

El cuarto párrafo del artículo 284 BIS del Código Penal Federal, documento que se puede consultar en gob.mx, lo define de la siguiente manera:

“Se entiende por cobranza extrajudicial ilegal al uso de la violencia o la intimidación ilícitos, ya sea personalmente o a través de cualquier medio, para requerir el pago de una deuda derivada de actividades reguladas en leyes federales, incluyendo créditos o financiamientos que hayan sido otorgados originalmente por personas dedicadas habitual y profesionalmente a esta actividad(…)”.

Es decir, para que una cobranza extrajudicial se desarrolle en el terreno de lo legal debe aplicarse en un marco de respeto al deudor.  Ante ello, los despachos de cobranza tienen una serie de acciones prohibidas al momento de requerir el pago de una deuda. Algunas de las más importantes son:

  •         Amenazar, ofender o intimidar al deudor, a sus familiares o cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda.
  •         Enviar cartas o documentos que aparenten ser escritos judiciales, en donde amenacen de embargo o irrupción en la vivienda.
  •         Establecer registros especiales, distintos a los ya existentes, listas negras, cartelones o anuncios, que hagan del conocimiento del público la negativa de pago de los deudores.
  •         Utilizar números de teléfono que aparezcan en el identificador de llamadas como “confidencial”, “oculto”, “privado” o con cualquier otra expresión o denominación semejante que imposibilite su identificación.

Es importante destacar que si algún despacho de cobranza cae en una de las actividades antes mencionadas, es posible establecer una denuncia. Incluso, de acuerdo con la legislación, en el caso que los despachos, además de amenazar o intimidar, se presenten como personal de alguna institución pública, se puede sancionar con hasta 4 años de prisión, o multas que van hasta los 300,000 pesos.

 Identificar las malas prácticas

Una de las acciones más recurrentes que aplican algunos despachos de cobranza tiene que ver con amenazas de embargo a las familias. No obstante, esto solo forma parte de las acciones prohibidas antes citadas, pues un despacho de cobranza no tiene la facultad para notificar sobre posibles de actos para retener bienes.

En tal sentido, resulta fundamental destacar que el embargo es un acto que deriva de una resolución judicial. Por lo que de ser el caso, un juzgado será el único calificado para notificar sobre un proceso de esta índole.

Al respecto, para denunciar malas prácticas por parte de despachos de cobranza, la Consudef.gob.mx ha puesto al alcance de los ciudadanos el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO). A través de esta plataforma, el organismo abre un canal para brindar información y asesoría, así como establecer quejas ante las malas prácticas de cobro.

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