En términos simples, la cobranza es el proceso que inicia cualquier institución para recuperar los créditos otorgados. Es decir, buscar que los clientes que adquirieron un financiamiento paguen lo acordado.

 

Principalmente, los procesos de cobranza están relacionados con casos en donde los clientes han dejado de pagar. Así, la principal misión de las instituciones que emprenden estas acciones es reclamar la devolución del saldo vencido.

 

En relación al cobro de cuentas con adeudo, en México se ha desarrollado un concepto en particular: la cobranza extrajudicial. Ésta, en términos simples, se define como la serie de gestiones que inician las instituciones para exigir el pago de una deuda antes de llegar a instancias judiciales, en donde se involucre una demanda y la intervención de un juez para requerir el pago de la cuenta vencida.

 

En esa lógica, se puede decir que en el país existen dos tipos de cobranzas extrajudicial: la legal y la ilegal.

 

La cobranza extrajudicial legal es la que realizan las instituciones de financiamiento de manera propia o a través de terceros, pero que respeta al cliente. Es decir, que se desarrolla en términos de la ley, con visión de negociar, en un marco de cordialidad y respeto.

 

Sin embargo, por otro lado, la cobranza extrajudicial ilegal falta a estos principios de decoro que establece la autoridad. Específicamente, los factores que hacen que un proceso de cobranza se convierta ilegal están muy bien identificados.

 

De manera general, la Condusef.gob.mx identifica como malas prácticas por parte de quienes realizan la cobranza de las instituciones al uso de amenazas o intimidación para exigir el pago de una deuda; asimismo, señala que el tratar de usurpar funciones y hacerse pasar por instituciones públicas, o enviar documentos que aparenten ser órdenes judiciales, incluso se pueden considerar como delito.

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¿Cómo identificar la cobranza ilegal?

 

Para que un proceso de cobranza extrajudicial se considere legal, el gestor o despacho de cobranza en turno deberá:

 

  • Identificarse.
  • Solicitar el pago de la deuda de manera cordial y respetuosa.
  • Realizar llamadas o presentarse únicamente entre las siete de la mañana y las diez de la noche.
  • Tratar los datos personales de conformidad con la normativa aplicable en la materia.

 

Por otro lado, lo que no debe hacerse en un proceso de cobranza es:

 

 

  • Presentarse a nombre de alguna Institución Pública.
  • Utilizar números de teléfono que aparezcan en el identificador de llamadas como “confidencial”, “oculto”, “privado” o con cualquier otra expresión o denominación semejante que imposibilite su identificación.
  • Amenazar, ofender o intimidar al deudor, a sus familiares o cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda.
  • Enviar cartas o documentos que aparenten ser escritos judiciales, en donde amenazan de embargo o irrupción en vivienda.
  • Establecer registros especiales, distintos a los ya existentes, listas negras, cartelones o anuncios, que hagan del conocimiento del público la negativa de pago de los deudores.
  • Recibir por cualquier medio y de manera directa el pago del adeudo.
  • Realizar las gestiones de cobro, negociación o reestructuración con menores de edad o adultos mayores, salvo que en el último supuesto se trate de los deudores.
  • Realizar las gestiones de cobro, negociación o reestructuración de los créditos, préstamos o financiamientos, en un domicilio, teléfono o correo electrónico distinto al proporcionado por la Entidad Financiera o el Deudor, obligado solidario o aval.

 

En esa lógica, para vigilar el comportamiento de los despachos de cobranza, que son en la gran mayoría de las veces lo encargados de dar seguimiento a los temas de adeudo, la Condusef lanzó el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO).

 

A través de esta herramienta, la autoridad pone al alcance de las personas una plataforma para identificar a los despachos de cobranza y, en todo caso, poder realizar denuncias ante malas prácticas.

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